Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Estado de México

Contraloría Social


¿Qué es la Contraloría Social?

Es el mecanismo con el que cuenta la población beneficiaria de programas federales de desarrollo social, para que participe en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos y en la verificación del cumplimiento de las metas y objetivos, con base en la Ley General de Desarrollo Social, su Reglamento y los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Federales de Desarrollo Social. El objetivo es apoyar en la práctica de transparencia y rendición de cuentas mediante la conformación de comités de Contraloría Social que vigilen, supervisen y den seguimiento a los recursos otorgados por los Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), Programa Nacional de Inglés (PRONI) y el Programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI).


 ¿Qué son los Comités de Contraloría Social?

Son las formas de organización social constituidas por los beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de dichos programas, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éstos, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos.


 ¿Principales funciones de los Comité de Contraloría Social?

  • Verificar el desarrollo y cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos asignados a los programas federales. 

  • Recibir y canalizar las quejas, denuncias o sugerencias, presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas federales.

  • Informar a los beneficiarios, los resultados de la Contraloría Social sobre el desempeño del programa federal.


 Normatividad

Documentos Normativos Base para Promover y Operar la Contraloría Social en el Programa Nacional del Inglés (PRONI) y Programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI), puestos en práctica por la Dirección de Coordinación Regional de Educación Básica (DCREB) y que cuenta con la validación y autorización de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción a través de la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles de la Secretaría de la Función Pública.